La extorsión como riesgo para la infancia: cuando la ley se desvía de su propósito

En estos días, el Congreso analiza la nueva ley de extorsión. Se discuten conceptos, alcances y definiciones, pero detrás de este debate existe una realidad silenciosa que afecta directamente a niñas y niños: cuando herramientas legales diseñadas para proteger se utilizan para presionar, manipular o desgastar. Desde Procúrame, hemos observado casos donde denuncias de violencia se presentan sin sustento sólido, convirtiéndose en mecanismos de extorsión emocional o judicial. Esta desviación no solo daña a los adultos involucrados: coloca a los menores en el centro de un conflicto que no les pertenece. Cuando una ley es usada para presionar, los menores quedan atrapados entre discursos, narrativas impuestas o decisiones que alteran su estabilidad emocional. Hemos acompañado a niñas y niños que repiten frases que no comprenden, que cargan culpas que no son suyas o que comienzan a rechazar a un progenitor sin entender el porqué. Corromper el vínculo afectivo de un menor es una forma de daño. Manipular su percepción o convertirlo en herramienta de litigio tiene consecuencias profundas. Extorsionar no solo es dinero: también es emocional, reputacional y judicial. El sistema puede ser utilizado como mecanismo de presión. Desde denuncias estratégicas hasta procesos diseñados para desgastar, y aunado a ello, la existencia de despachos legales que utilizan esta ventana para beneficio económico. No se trata de acusar a todos, pero sí de reconocer que existen incentivos que permiten abusos. Por eso, el debate legislativo sobre la ley de extorsión no es técnico: es una oportunidad de cerrar espacios que vulneran a los menores. Se requiere mayor rigor en la evaluación de denuncias sensibles, peritajes especializados, protocolos que detecten manipulación emocional y mecanismos que garanticen que la ley proteja, no que se utilice como arma. En Procúrame, acompañamos a niñas, niños y adolescentes todos los días. Sabemos que cuando una ley se usa para lastimar, deja de ser justicia; cuando un menor es manipulado, deja de haber protección; cuando el sistema permite abusos, se convierte en parte del problema. Hoy más que nunca, pedimos que el Congreso legisle con una mirada clara: primero los niños.